Todo el pasado día de ayer, 18 de octubre del 2007 la noticia más importante de los noticieros locales fue el caso del agua purificada pirata. La historia en síntesis es la siguiente:

Cuatro personas fueron detenidas por elementos de la Policía Federal Preventiva en un hotel que se encuentra frente a las instalaciones de esta policía en la carretera a Nuevo Laredo, el cual debe de ser el hotel Palmas, aunque esto no se mencionó en televisión, pero por pasar tantos años por ahí sé su nombre.

Estas personas eran un empleado y un propietario de dos distintas compañías embotelladoras de agua purificada. Una se llamaba Agua Atli, o algo así, y la otra Grupo Regio Embotellador, o algo así, la verdad no recuerdo los nombres muy bien y no les tomé mucha importancia.

El delito de estas personas era vender agua purificada supuestamente pirata de la marca Electropura. Luego serían liberados al demostrarse que el agua no era pirata, si no que usaban garrafones de Electropura, los cuales rellenaban con su agua y les ponían una pequeña etiqueta de su empresa.

Los pseudoreporteros de Multimedios nunca dijeron que era agua supuestamente o presuntamente pirata, siempre afirmaron que era falsificada. Con esto se causa un grave daño a la imagen de las empresas, solamente el arquitecto Benavides fue el único que hizo la aclaración al decir supuestamente pirata.

Los detenidos cayeron en uno de los trucos policiales más viejos.

Fueron citados con muchos garrafones “que sean de los de Electropura para engañar a la gente” les dijeron los Policías Federales Preventivos, porque vamos a hacer un concurso de camisetas mojadas.

Eso es conocido como un cuatro.

A mi nunca me han gustado los delitos de propiedad industrial o intelectual. Solamente son delitos que persiguen los intereses del dueño de la marca.

Recuerdo cuando tuvimos un asunto donde el querellante era el Apoderado Legal de una marca muy famosa de bolsas y artículos de piel francesa. Las bolsas y artículos de piel falsificados eran vendidos como verdaderos en Plaza Fiesta San Agustín.

Aseguramos cientos de bolsas que parecían verdaderas, el Representante Legal les exigía 100 mil pesos a cada dueño de los negocios donde se aseguraron para retirar la querella. A la empresa francesa solo le importaba que se decomisaran las bolsas, pero no querían detenidos.

Solo era un mercenario ese Apoderado, un abogado regiomontano.

Esos delitos de piratería son solo para enriquecer a los representantes de las empresas, como fue el caso, con el trabajo de la autoridad se ganó unos 200 mil pesos.